El servicio de la Línea C del subte porteño fue interrumpido durante varias horas el lunes 1 de junio debido a un paro sorpresivo convocado por la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP). La medida, anunciada la noche anterior, tomó por sorpresa a miles de usuarios que utilizan diariamente la conexión entre Constitución y Retiro, generando largas filas y complicaciones en el transporte público de la ciudad.

El reclamo gremial se centró en la presencia de asbesto en los trenes Nagoya 5000, un material cancerígeno cuya eliminación había sido acordada previamente con la empresa concesionaria Emova. Según Néstor Segovia, secretario general de AGTSyP, “la empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31 de mayo de 2024, donde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha”. El dirigente sindical insistió en la necesidad de renovar las formaciones para garantizar la salud de trabajadores y pasajeros.

La empresa Emova, por su parte, lamentó el impacto de la medida en los usuarios y ratificó que desde 2018 lleva adelante un plan integral de desasbestizado, con trabajos de oclusión y monitoreo permanente de la calidad del aire. “Las mediciones arrojan resultados muy por debajo de los considerados adecuados para la salud en su totalidad”, aseguraron en un comunicado, destacando la supervisión de organismos especializados y la aprobación de las autoridades laborales.

El conflicto se resolvió pasado el mediodía, tras una reunión entre los metrodelegados y funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad. El servicio se reanudó y la empresa anunció que descontará el día a los trabajadores que adhirieron al paro, una medida consensuada con el Gobierno porteño.

El episodio reavivó el debate sobre la seguridad laboral en el subte y la histórica disputa gremial entre AGTSyP y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Además, puso en foco la reciente reforma laboral que regula las medidas de fuerza en el transporte público, exigiendo guardias mínimas que en este caso no se cumplieron. Se estima que más de 200.000 pasajeros resultaron afectados por la interrupción, que obligó a muchos a buscar alternativas de transporte en una jornada marcada por el caos y la frustración.