José Antonio de Olivera Suárez, de 32 años, fue condenado a 18 años de prisión tras confesar haber asesinado a su hijastro, Alberto de Olivera, de 19, durante una cacería furtiva en la Reserva de Biósfera Yabotí, en el nordeste de Misiones. El crimen, ocurrido a fines de septiembre de 2023, fue inicialmente presentado por el acusado como un suicidio, pero las pericias forenses y las contradicciones en sus declaraciones llevaron a la policía a descartar esa hipótesis y a detenerlo como principal sospechoso.

Según la investigación, De Olivera Suárez y la víctima partieron desde el paraje Guabiroba, en El Soberbio, hacia una zona selvática conocida como “Picada Chuchú”, equipados con escopetas para cazar en un área protegida. Dos días después, el hombre regresó solo a su casa y denunció en la comisaría local que su hijastro se había quitado la vida. Sin embargo, el cuerpo del joven fue hallado con una herida de bala en la espalda y sin el arma, lo que generó dudas inmediatas sobre la versión del padrastro.

Durante la investigación, De Olivera Suárez ofreció distintas versiones de los hechos, pero finalmente confesó el crimen. La Fiscalía y la defensa acordaron un juicio abreviado, quitando el agravante de alevosía y permitiendo así una condena de 18 años de prisión en lugar de la perpetua prevista para homicidios agravados. El acuerdo aún debe ser homologado por el Tribunal Penal de Oberá.

El caso ha generado debate en la provincia de Misiones, tanto por el uso del juicio abreviado en delitos graves como por la reducción de la pena. Organizaciones sociales y especialistas en derecho penal han expresado preocupación por el precedente que podría sentar esta decisión judicial. Mientras tanto, la comunidad local sigue de cerca el desenlace del proceso, que pone en foco tanto la violencia intrafamiliar como la problemática de la caza furtiva en áreas protegidas.