Nuevas revelaciones en el juicio de los Cuadernos de las Coimas han puesto en el centro de la escena el mecanismo de adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, involucrando a figuras de alto perfil como Cristina Kirchner y el empresario Cristóbal López. Según la confesión del financista Ernesto Clarens, la entonces presidenta habría ordenado adjudicar una obra vial en el sur a López, lo que finalmente se concretó a través de un proceso marcado por la cartelización y el pago de sobornos.

La obra en cuestión, la ruta provincial 39, fue licitada en 2022 durante la gestión de Alberto Fernández y adjudicada a la empresa CPC SA, propiedad de López, con un presupuesto oficial cercano a los 4.800 millones de pesos. Sin embargo, la obra nunca se terminó y el gobierno provincial decidió pausarla, mientras López reclama deudas por trabajos no abonados. Este caso se suma a una larga lista de contratos viales en Santa Cruz, donde Lázaro Báez obtuvo 51 adjudicaciones por 46.000 millones de pesos, con sobreprecios promedio del 65% y la mitad de las obras inconclusas.

Clarens detalló el funcionamiento de la "Camarita", un sistema en el que los interesados en las licitaciones eran convocados para acordar quién sería el ganador y cómo se repartirían los sobreprecios. "Vialidad Nacional llamaba a licitación, compraban pliegos los interesados y todos eran convocados a la 'Camarita'. Lo primero que se hacía era 'cobrarse el pase', y luego se discutía el precio a ofertar, siempre por encima del presupuesto oficial", relató Clarens. Según sus declaraciones, los pagos ilegales oscilaban entre el 3% y el 20% del valor de los contratos, con un 10% destinado a coimas y otro 10% para dinero negro.

El caso se investiga en el marco del expediente de los Cuadernos de las Coimas, que expone la cartelización de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas y el perjuicio económico actualizado, que supera los 685.000 millones de pesos. Además, la relación entre López y Kirchner es objeto de otra investigación por lavado de dinero en el caso Los Sauces SA, donde ambos deberán comparecer ante el Tribunal en 2026.

Las confesiones y el avance del juicio han reavivado el debate sobre la transparencia y el control en la adjudicación de obras públicas en Argentina, mientras se espera que nuevas declaraciones arrojen más luz sobre el circuito de sobornos y el impacto económico de las maniobras investigadas.