La ciudad de Salta se encuentra conmocionada tras la muerte de Thiago Altamirano, un niño de dos años que ingresó sin signos vitales al Hospital Materno Infantil con graves lesiones compatibles con maltrato infantil. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Convivencia, en la zona sudeste de la capital provincial, y derivó en la detención preventiva de la madre del menor, de 19 años, y su pareja, de 32, quienes fueron imputados provisionalmente por homicidio agravado.

Según informaron fuentes judiciales, la madre llamó al 911 el lunes por la noche y trasladó a Thiago al hospital Papa Francisco, alegando que el niño se había caído de la cama. Sin embargo, los médicos detectaron lesiones previas y signos de abuso físico reiterado, por lo que dispusieron su derivación al Hospital Materno Infantil, donde se confirmó el fallecimiento.

La familia paterna de Thiago denunció públicamente que desde 2025 venían alertando sobre situaciones de violencia y presunto maltrato, sin obtener respuestas efectivas de la Justicia ni de los organismos de protección. "Pasó lo que no queríamos que pasara. Mi nieto de dos años falleció a manos de la madre y la pareja de ella, a golpes", expresó Marta Salazar, abuela del niño. Los abuelos aseguran haber realizado al menos cuatro denuncias previas y cuestionan el accionar judicial, señalando que no se les permitió ver a los niños durante los últimos meses.

El fiscal penal Daniel Espilocín, a cargo de la investigación, confirmó que se esperan los resultados de la autopsia y de pericias complementarias para determinar la causa exacta de la muerte. Además, se llevan adelante análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testigos e informes socioambientales.

En paralelo, el hermano menor de Thiago, un bebé de 10 meses, quedó bajo resguardo estatal mientras la familia paterna solicita su tenencia. El caso reavivó el debate sobre la eficacia de los sistemas de protección infantil y la respuesta judicial ante denuncias de violencia familiar. Las autoridades aseguran que se siguen todos los protocolos y que la investigación continúa bajo estricta reserva, mientras la sociedad salteña exige justicia y mayor protección para los niños en situación de vulnerabilidad.