La localidad de Federación, en Entre Ríos, se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Luana Cabral, una adolescente de 15 años con parálisis cerebral, que llevaba al menos un mes muerta en su propia casa. El caso, que salió a la luz el 1 de abril, ha puesto en el centro del debate la protección de menores en situación de vulnerabilidad y el rol del Estado en el monitoreo de familias en riesgo.

Según los informes preliminares de la autopsia, el cuerpo de Luana fue hallado en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó la determinación de la causa exacta de muerte. La fiscal Josefina Penón, a cargo de la investigación, confirmó que la adolescente habría fallecido aproximadamente un mes antes del hallazgo. "Todavía no se determinó la causa de la muerte, debido al estado en que se encontraba el cuerpo de la víctima", explicó la funcionaria, quien dispuso el traslado de los restos a Paraná para estudios más exhaustivos.

Los padres de la joven, Noelia Moretti y Raúl Cabral, fueron detenidos bajo la carátula de "abandono de persona seguido de muerte", un delito que contempla penas de cumplimiento efectivo y que podría agravarse por el vínculo familiar. La madre, que enfrenta un delicado cuadro de salud mental y antecedentes de adicción al juego, permanece internada y aún no pudo declarar ante la justicia. El padre, que no residía de manera permanente en el domicilio, declaró que vivía allí desde hacía 15 días.

El caso salió a la luz cuando el hermano menor de Luana, de cinco años, alertó a una hermana mayor sobre la situación. La vivienda presentaba condiciones insalubres, con presencia de insectos y un fuerte olor, según relataron familiares y vecinos. La comunidad de Federación y organizaciones sociales reclamaron una mayor presencia del Estado en el control y monitoreo de familias vulnerables, especialmente aquellas con integrantes con discapacidad.

La investigación judicial continúa a la espera de los resultados definitivos de la autopsia y la incorporación de nuevos testimonios. El caso ha generado un profundo debate sobre los mecanismos de protección estatal y la necesidad de fortalecer los controles para evitar tragedias similares en el futuro.