El Gobierno nacional avanza con un proyecto de decreto que busca modificar el régimen de practicaje y pilotaje en los puertos y vías fluviales argentinas, con el objetivo de reducir los costos logísticos del comercio exterior. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, propone limitar la intervención estatal en la fijación de tarifas y permitir una mayor apertura a buques extranjeros, lo que ha generado preocupación en la Armada y en sectores vinculados a la seguridad marítima.

Según fuentes oficiales, la medida apunta a responder a uno de los principales reclamos del sector exportador: la reducción de los costos logísticos. Sin embargo, la desregulación del sistema de practicaje y pilotaje ha abierto un intenso debate sobre los riesgos que podría implicar para el control estatal y la seguridad en áreas sensibles del país.

Fernando Morales, presidente de la Liga Naval, expresó que "el principal beneficiario de este abaratamiento va a ser las empresas navieras extranjeras, aquellas que vienen a cargar cereal a la hidrovía y después se van". Morales advirtió que el decreto flexibiliza tanto el ejercicio de la profesión que pone en riesgo la seguridad, ya que habilita a capitanes extranjeros a prescindir de los servicios de prácticos argentinos si han navegado previamente en puertos nacionales. "El práctico es los ojos de la autoridad marítima en el buque extranjero", subrayó.

Otra de las preocupaciones radica en la transferencia de la formación de marinos mercantes de la Armada a la Prefectura Naval, lo que, según Morales, implicaría una reducción en la exigencia académica y una pérdida de jerarquía para los egresados. "Estamos frente a una torpe forma de abaratar costos, relajando la seguridad de la navegación y un intento de reparto de poder de una institución a la otra", afirmó.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma es necesaria para mejorar la competitividad del comercio exterior argentino. No obstante, persisten dudas sobre el impacto que la desregulación podría tener en la seguridad y el control estatal sobre la navegación en aguas nacionales. El debate continúa abierto entre los sectores involucrados, mientras se espera la definición final del decreto.