El presidente argentino Javier Milei ha reavivado el debate internacional sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) al defender su propuesta de otorgar personería jurídica a empresas gestionadas por IA. La iniciativa, que busca modificar la Ley General de Sociedades, convertiría a Argentina en el primer país del mundo en legislar sobre corporaciones no humanas con responsabilidad limitada.

La propuesta de Milei fue objeto de críticas por parte del historiador israelí Yuval Noah Harari, quien advirtió en una columna publicada en el Financial Times que reconocer legalmente a empresas de IA podría permitirles operar de manera autónoma en los sistemas financieros, económicos y políticos, sin una rendición de cuentas clara. Harari sostuvo que esta medida representa una transformación radical en la distribución del poder y el riesgo, y alertó sobre la dificultad de frenar a entidades que no tienen responsables humanos directos.

En respuesta, Milei argumentó que la personería jurídica es una herramienta probada en la historia del derecho comercial y que su objetivo es canalizar la innovación dentro del marco legal existente. "Otorgar personalidad jurídica a las compañías de IA no significa lanzar el Día del Juicio de Terminator, sino ofrecer el refugio que James Watt necesitó hace 200 años, permitiendo que la imaginación se desarrolle y crezca con libertad", afirmó el mandatario. Milei también señaló que, en caso de daños, la existencia de un patrimonio legalmente embargable ofrece mayor protección a los afectados que la ausencia de regulación.

El proyecto de ley, actualmente en discusión en el Senado, prevé la creación de nuevas figuras societarias, como las Sociedades Automatizadas y las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO), y contempla beneficios fiscales y regulatorios para atraer inversiones tecnológicas. El modelo se inspira en la experiencia de Irlanda, que experimentó un crecimiento económico significativo tras ofrecer marcos legales atractivos a empresas tecnológicas globales.

El debate ha generado reacciones encontradas. Mientras el gobierno y algunos sectores empresariales ven la medida como una oportunidad para posicionar a Argentina como líder en innovación, expertos y académicos advierten sobre los riesgos de vacíos legales, concentración de poder y falta de control humano sobre las decisiones de la IA. El caso argentino se ha convertido en un referente global, abriendo una discusión estratégica sobre el futuro de la economía digital y el papel del derecho en la era de la inteligencia artificial.