La disputa entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires por la autorización de nueva deuda escaló en los últimos días, generando preocupación entre los 135 municipios bonaerenses que dependen de estos fondos para su financiamiento. Tras la aprobación de la ley de financiamiento en la Legislatura bonaerense, que destina el 8% de la deuda a un fondo de emergencia municipal, la Casa Rosada advirtió que no dará el aval necesario para la colocación de nueva deuda, argumentando que la provincia no cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, fue enfático al señalar que "sin déficit, no hay nueva deuda" y descartó una posible reunión con el gobernador Axel Kicillof. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la provincia incrementó su gasto corriente por encima de la inflación, lo que, según la normativa vigente, impide la autorización de nuevas operaciones de endeudamiento.

Desde la administración bonaerense, Kicillof defendió la legalidad del pedido y aseguró que la deuda solicitada es para refinanciar vencimientos y no para solventar gastos corrientes. "El volumen de financiamiento que se pide está estrictamente asociado con los vencimientos que tiene la Provincia. No es para tomar nueva deuda y solventar gastos corrientes", afirmó el gobernador. Además, criticó al gobierno nacional por autorizar endeudamiento a otras jurisdicciones y acusó a la Nación de "endeudadores seriales".

El cronograma de transferencias a los municipios, previsto en la ley, establece pagos escalonados hasta 2027, pero su cumplimiento depende de la autorización nacional. Intendentes, especialmente del interior bonaerense, manifestaron su inquietud ante la posibilidad de no recibir los fondos necesarios para el inicio del año 2026 y solicitaron reuniones con autoridades provinciales para clarificar la situación.

El conflicto se enmarca en un contexto de tensiones políticas tras las elecciones y reclamos de diálogo por parte de gobernadores opositores. Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre el futuro financiero de la provincia y sus municipios, a la espera de una posible resolución entre ambas administraciones.