La Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras universidades públicas argentinas atraviesan una nueva etapa de conflicto con el Gobierno nacional, marcada por un paro total de actividades y la convocatoria a una marcha federal universitaria. La medida, impulsada por gremios docentes y no docentes, responde a la falta de actualización salarial y de partidas presupuestarias, en un contexto de inflación y ajuste económico que afecta gravemente a la educación superior.

El conflicto se intensificó tras un comunicado del Ministerio de Capital Humano, que exigió a los rectores universitarios la presentación de un "plan de contingencia" para garantizar el acceso de los estudiantes a las aulas, bajo amenaza de suspender el envío de fondos si no se cumplen estas condiciones. Los sindicatos respondieron con un cese total de actividades, denunciando la asfixia presupuestaria y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025 pero cuya implementación permanece judicializada.

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), señaló que los salarios docentes han perdido hasta un 32% de su poder adquisitivo real, mientras que en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) se denuncia un retraso salarial del 47,3%. Además, se reporta la pérdida de cientos de cargos docentes y una reducción significativa en becas y fondos para investigación y extensión universitaria.

Las autoridades universitarias, como las de la UNCUYO, afirman que las actividades académicas continúan gracias al esfuerzo de trabajadores y estudiantes, pero advierten que el desfinanciamiento pone en riesgo la continuidad de la educación superior. Por su parte, el Gobierno sostiene que las universidades deben garantizar el dictado de clases y amenaza con revisar la asignación de recursos si no se cumplen sus demandas.

El conflicto, que se arrastra desde 2024, involucra a docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias, y ha derivado en la convocatoria a una marcha federal universitaria prevista para el 12 de mayo en Plaza de Mayo. Se espera una masiva movilización en defensa de la universidad pública y el cumplimiento de la ley de financiamiento, en un contexto de creciente tensión entre el sector educativo y el Ejecutivo nacional.