La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis institucional por la falta de designación de jueces, situación que ha generado fuertes presiones políticas sobre el gobernador Axel Kicillof. Actualmente, el máximo tribunal bonaerense opera con solo tres de sus siete miembros, tras una serie de renuncias y fallecimientos que dejaron cuatro vacantes sin cubrir desde hace más de seis años.

En las últimas semanas, crecieron los rumores sobre la posible jubilación de la jueza Hilda Kogan, de 81 años, quien integra la Corte desde 2002. Sin embargo, fuentes cercanas a la magistrada desmintieron categóricamente esa versión: "No tiene ni preparados los papeles para jubilarse. Ella está muy vital", aseguraron. A pesar de ello, en los pasillos judiciales se reconoce el desgaste por la sobrecarga de trabajo y la tensión institucional que implica la falta de integrantes.

El presidente de la Corte, Sergio Torres, realizó un reclamo público al gobernador: "Nuestra Suprema Corte de Justicia está incompleta desde hace más de seis años. Transcurrieron 2292 días entre la primera vacante y casi 800 desde la desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud. Nótese, por otra parte, que el Poder Judicial resulta el único de los poderes del Estado que sufre esta problemática".

El peronismo bonaerense, que cuenta con mayoría teórica en el Senado provincial, exige a Kicillof que avance con las designaciones. Sin embargo, la interna partidaria y la fragmentación de los distintos sectores dificultan los acuerdos. Dirigentes alineados con Cristina Kirchner y Sergio Massa critican la "tozudez" del gobernador, mientras que otros especulan que Kicillof prefiere mantener el statu quo en la Corte.

El ministro de Justicia, Juan Martín Mena, y el asesor general de la Gobernación, Santiago Pérez Teruel, son señalados como operadores clave en la negociación. Según fuentes del peronismo, Kicillof no quiere apresurarse con las designaciones por temor a equivocarse o a tensar aún más la interna.

La situación institucional de la Corte bonaerense se ha convertido en un tema central para la política provincial. Se espera que antes de fin de año, y previo al calendario electoral, el gobernador tome una decisión para evitar mayores cuestionamientos y garantizar el funcionamiento pleno del máximo tribunal.