El caso de las mellizas envenenadas en Jujuy, ocurrido en julio de 2017, avanza hacia la instancia de juicio oral tras la reciente captura de Pedro Quispe, principal acusado del crimen. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas solicitó formalmente que Quispe sea juzgado por el presunto homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento de una de sus hijas recién nacidas, y por tentativa de homicidio respecto de la segunda melliza, que logró sobrevivir.

Según la investigación, las mellizas nacieron en una vivienda rural de Angosto del Perchel, en la jurisdicción de Huacalera. De acuerdo con la hipótesis fiscal, ambas recibieron una sustancia tóxica compatible con un plaguicida y fueron abandonadas en una bolsa en las inmediaciones del inmueble. Las niñas fueron halladas horas después por personal policial y sanitario, tras la internación de la madre en el hospital de Tilcara, donde los médicos advirtieron signos de parto reciente.

Las recién nacidas fueron trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Pese a los esfuerzos, una de ellas falleció a causa de las lesiones sufridas, mientras que la otra sobrevivió tras un prolongado tratamiento. La investigación inicial incluyó a la madre y otros familiares, pero nuevas pruebas genéticas y testimonios reorientaron la pesquisa hacia Quispe, quien fue confirmado como padre biológico de ambas niñas mediante estudios de ADN.

El acusado permaneció prófugo durante más de ocho años, con una orden de captura vigente, hasta que fue detenido en diciembre de 2025 al intentar reingresar a la Argentina por un paso fronterizo. Tras su captura, la Fiscalía incorporó nuevas pruebas y completó los elementos necesarios para solicitar el juicio oral.

La causa, que generó gran conmoción en la provincia, se encuentra ahora en condiciones de avanzar hacia el debate oral, donde se determinará la eventual responsabilidad penal de Quispe. El proceso podría sentar un precedente en la investigación y juzgamiento de delitos graves contra la infancia y la familia en la región.