El Gobierno nacional ha intensificado en las últimas semanas su agenda legislativa con el envío al Congreso de proyectos destinados a reforzar la protección de la propiedad privada y facilitar los desalojos en casos de ocupación ilegal. Sin embargo, el avance de estas iniciativas se ha visto limitado por la parálisis del Congreso y la falta de presentación formal de varios textos clave.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la modificación del Código Procesal Civil y Comercial para establecer un mecanismo sumarísimo que permita la restitución de inmuebles ocupados en un plazo máximo de cinco días. "Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los ocupas", afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien subrayó que la inseguridad jurídica impacta negativamente en los precios de alquiler y en la confianza de los inversores.

El paquete legislativo también incluye cambios en la Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, con el objetivo de endurecer los requisitos para que el Estado pueda tomar posesión de bienes privados y eliminar restricciones al acceso a la propiedad por parte de extranjeros. Según el Ejecutivo, estas reformas buscan "eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica".

El sector inmobiliario rural ha manifestado expectativas positivas ante la posible eliminación de límites a la compra de tierras por extranjeros, aunque advierte sobre la persistencia de un "limbo judicial" debido a amparos y la falta de detalles sobre las modificaciones. "El inversor extranjero normalmente apunta a lugares donde se pueda desarrollar. En ese desarrollo hay una gran inversión, hay fuentes de trabajo que se generan y tecnología que viene de afuera", señaló José María Bauza, vicepresidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales.

A pesar de los anuncios, la actividad legislativa permanece estancada y muchos de los proyectos prometidos por el presidente Javier Milei aún no han ingresado formalmente al Congreso. El oficialismo enfrenta críticas por la reiteración de anuncios y la falta de avances concretos, mientras la oposición y sectores sociales exigen mayor claridad y celeridad en el tratamiento de las reformas.

El debate sobre la protección de la propiedad privada y la apertura a inversiones extranjeras se da en un contexto de tensiones políticas y escándalos que han desviado la atención de la agenda legislativa. El desenlace de estas iniciativas será clave para definir el rumbo de la política económica y social en los próximos meses.